Mujer recibe condena por extorsión

Mujer recibe condena por extorsión contra autoridad municipal en Piedras Negras

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Una mujer fue condenada a una pena de prisión tras comprobarse su responsabilidad en un intento de extorsión dirigido contra el alcalde de Piedras Negras, en un caso que derivó de una investigación por presuntos vínculos con actividades ilícitas en la región norte de Coahuila.

La sentencia fue dictada por un juez penal luego de que se acreditara que Ana Sofía “N” incurrió en el delito de extorsión agravada, al intentar presionar al presidente municipal con amenazas para obtener beneficios ilegales.

Investigación derivó en proceso judicial

De acuerdo con las indagatorias, la acusada buscó condicionar decisiones de la administración municipal para permitir la operación de actividades fuera de la ley, lo que motivó la intervención de la Fiscalía General del Estado y la apertura de una carpeta de investigación.

Las pruebas presentadas durante el proceso permitieron establecer que las amenazas estaban relacionadas con intereses de una célula delictiva que operaba en la ciudad, lo que fortaleció la acusación en su contra.

Juez impone pena de prisión y multa económica

Como resultado del juicio, la mujer fue sentenciada a cinco años y diez meses de prisión, además del pago de una multa superior a los 115 mil pesos, correspondiente a la reparación del daño causado.

El órgano jurisdiccional determinó también que la sentenciada no podrá acceder a beneficios de condena condicional, debido a la gravedad del delito y a que la conducta representó un riesgo para la función pública.

Detención y contexto del caso

La detención de la hoy sentenciada ocurrió en junio del año pasado durante un operativo realizado en Piedras Negras, en el que participaron corporaciones estatales y se logró el aseguramiento de otros presuntos integrantes de un grupo criminal.

Durante los cateos se decomisaron drogas y armas, mientras que algunos de los implicados continúan sujetos a procesos penales por delitos relacionados con el narcomenudeo y la portación ilegal de armas.

Autoridades estatales señalaron que este caso representa un mensaje de cero tolerancia a la extorsión, especialmente cuando se intenta vulnerar a servidores públicos o afectar la gobernabilidad municipal.