Piedras Negras, Coahuila / Eagle Pass, Texas – 11 de febrero de 2026 La frontera entre Piedras Negras (Coahuila) y Eagle Pass (Texas) registra un notable incremento en el flujo de cruces, mientras que las autoridades estadounidenses avanzan en el reforzamiento de barreras físicas en el Río Bravo, medida que ha desatado fuertes críticas por parte de activistas y organizaciones de derechos humanos. Paralelamente, en el ámbito local, se impulsan programas de apoyo juvenil y agrícola para fortalecer la comunidad.
Aumento del 18% en cruces fronterizos Al cierre de enero de 2026, los cruces a través del Puente Internacional Número 2 (Coahuila 2000) mostraron un incremento general del 18% en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos oficiales del director operativo del puente, Milton Alejandro Olavarrieta Sandoval. En total, se registraron 195,005 cruces en todos los rubros (vehículos ligeros, autobuses, peatones y carga), impulsados por el dinamismo comercial, laboral y familiar entre ambas ciudades. El cruce de autobuses creció un 11%, con 908 unidades reportadas. Estas cifras reflejan una tendencia al alza sostenida en la actividad binacional, pese a ajustes previos en tarifas y operativos de seguridad.
Ampliación del sistema de boyas con sensores en el Río Bravo El gobierno de Estados Unidos confirmó la ampliación del sistema de boyas flotantes instalado en el Río Bravo, frente a la zona de Eagle Pass y Piedras Negras. La estructura, compuesta por cilindros flotantes de gran tamaño (en color naranja), ahora incorpora sensores de movimiento y elementos adicionales como alambres de púas para detectar y disuadir cruces irregulares. Tras la reciente visita de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, a Eagle Pass, se inició la expansión de esta barrera, que busca reducir el tráfico de personas y prevenir ahogamientos en el río.
La medida ha generado intensas críticas: activistas como América García, defensora de derechos de migrantes en Texas, la calificaron como una política que agrava la crisis humanitaria, especialmente para menores y familias. Organismos internacionales y el gobierno mexicano han cuestionado su impacto, argumentando que aumenta riesgos de lesiones, ahogamientos y violaciones a derechos humanos, al forzar rutas más peligrosas. Debates legales continúan sobre su implementación, mientras se reporta que el sistema cubre secciones clave del río en el sector Del Rio de la Patrulla Fronteriza.
