Ciudad de México, 18 de febrero de 2026 — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles, durante su conferencia de prensa matutina, que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de poner fin a las denominadas “pensiones millonarias” o “pensiones doradas” otorgadas a exfuncionarios de altos mandos y personal de confianza en entidades públicas del gobierno federal.

La propuesta busca establecer que ninguna pensión de este tipo pueda exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Con base en el salario actual de la presidenta, este tope equivaldría aproximadamente a 70 mil pesos mensuales netos.
La reforma aplica específicamente a exfuncionarios de altos mandos de confianza en instituciones como:
- Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en Liquidación
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Otras empresas productivas del Estado, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, banca de desarrollo y entidades similares.
Quedan expresamente excluidas de la limitación:
- Las pensiones de trabajadores de base y sindicalizados.
- Jubilaciones derivadas de contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo.
- Derechos laborales adquiridos por personal operativo.
Durante la exposición, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, encabezada por Esthela Damián Peralta, presentaron ejemplos concretos de percepciones consideradas “exorbitantes” y “onerosas para el erario público”:
- Un exdirectivo de LyFC recibe más de un millón de pesos mensuales (equivalente a unos 12 millones anuales), pese a haber laborado pocos años en el cargo.
- En LyFC, alrededor de 9,457 extrabajadores (67% del total) perciben pensiones superiores a 100 mil pesos mensuales, con un gasto anual de 28 mil 74 millones de pesos para 14 mil 73 jubilados.
- En Pemex, el gasto en pensiones asciende a 24 mil 844 millones de pesos anuales para 22 mil 316 jubilados, incluyendo casos donde 544 personas reciben montos superiores al salario presidencial (por un total de mil 827 millones anuales).
- En CFE, 2 mil 199 pensionados superan el ingreso de la presidenta, con un gasto adicional de 4 mil 496 millones de pesos anuales.

La mandataria calificó estas pensiones como “privilegios heredados del periodo neoliberal”, destacando que contrastan con el abandono en que quedaron muchos trabajadores de base tras la liquidación de LyFC en 2009, y con el promedio nacional de pensión (alrededor de 7 mil pesos mensuales, según datos del INEGI).
Impacto financiero y destino de los recursos De aprobarse la reforma, el gobierno federal estima un ahorro anual de aproximadamente 5 mil millones de pesos, los cuales serán reasignados íntegramente a programas para el bienestar de la población.
La iniciativa será enviada al Senado el lunes 23 de febrero de 2026 (aunque algunas fuentes mencionaron el viernes 20 como fecha tentativa). Al tratarse de una reforma constitucional, requiere mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.
La propuesta se enmarca en los principios de austeridad republicana y humanismo mexicano del gobierno actual, y ha recibido respaldo inmediato de la mayoría legislativa de Morena. Se espera que no tenga efectos retroactivos que vulneren derechos adquiridos, aunque se promueven acuerdos voluntarios para ajustes en casos existentes.
Esta medida representa uno de los anuncios más relevantes del día en la agenda política nacional, alineada con el combate a desigualdades y privilegios en el sector público.

