En Eagle Pass, Texas, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito permitió la entrada en vigor de la ley SB4, una medida que otorga nuevas facultades a autoridades locales en temas migratorios.
Con esta legislación, policías estatales y locales podrán detener a personas que sospechen no cuentan con un estatus migratorio regular en Estados Unidos.
La decisión ha generado controversia entre organizaciones civiles, quienes advierten posibles violaciones a los derechos humanos.
Activistas denuncian posibles abusos y discriminación
América García, activista del condado de Maverick, calificó la ley como lamentable e inmoral, asegurando que podría ser declarada inconstitucional en tribunales.
Señaló que mientras la ley permanezca vigente, existe un alto riesgo de abusos, especialmente contra personas de piel oscura, quienes podrían ser objeto de discriminación.
Además, reiteró que su organización continuará brindando apoyo legal a migrantes afectados, independientemente de su situación migratoria.
Nuevas sanciones por ingreso y reingreso irregular
La ley SB4 convierte en delitos estatales la entrada y reentrada irregular a Estados Unidos, ampliando el alcance de las autoridades locales.
También permite que jueces estatales ordenen la expulsión de migrantes detenidos o impongan penas de hasta seis meses de cárcel.
De acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas, las personas deportadas previamente podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por el delito de “reingreso irregular”.
¿Qué pasa si una persona se niega a salir de Texas?
La legislación establece que quienes se nieguen a cumplir una orden de expulsión estatal podrían recibir condenas de entre dos y 20 años de prisión.
Esto representa un cambio significativo en la aplicación de leyes migratorias, tradicionalmente manejadas a nivel federal.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que seguirán impugnando la ley en tribunales y brindando asesoría legal a quienes lo necesiten.